Compromiso asumido ante el Foro Global de la OCDE, anunciado el 14 de septiembre de 2026
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un organismo internacional que reúne a las principales economías del mundo y fija estándares comunes en materia fiscal. Argentina se comprometió ante su Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales a implementar el Marco de Reporte sobre Criptoactivos (CARF, por sus siglas en inglés).
¿Qué establece?
El CARF no crea un impuesto. Es un sistema para que las administraciones tributarias de distintos países intercambien información sobre las operaciones con criptoactivos de sus contribuyentes. Así, ARCA podrá conocer las operaciones que los contribuyentes argentinos realizan a través de plataformas del exterior. Para lograrlo, obliga a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), a dos cosas:
- Identificar a sus usuarios. Deben pedirle a cada usuario que declare en qué país paga impuestos y cuál es su número de identificación fiscal. Si un cliente existente no lo hace en 12 meses, el PSAV debe dejar de operar con él.
- Informar sus operaciones. Una vez por año, deben informar a la administración tributaria de su país las compras, ventas, intercambios y transferencias de criptoactivos de cada usuario. Esa administración le envía después la información al país donde el usuario paga impuestos.
¿Por qué es relevante?
Por ahora es solo un compromiso. Argentina todavía no dictó ninguna norma que ponga en marcha el CARF. Esa norma deberá definir la autoridad competente, las obligaciones de los PSAV y las sanciones aplicables. También falta activar el acuerdo de intercambio con los demás países.
Además, el CARF no debe confundirse con el régimen de información de la Resolución General 5804/2025 de ARCA. En ese régimen local, las plataformas le informan mensualmente a ARCA sobre sus usuarios. El CARF, en cambio, apunta a las operaciones en el exterior, que ARCA va a recibir de las administraciones tributarias de otros países.
Por último, los plazos son más cortos de lo que parecen. Cada país tiene nueve meses desde el fin de un año para enviar la información de ese año. Por eso, si el primer intercambio es en septiembre de 2029, los PSAV ya tendrían que reunir información sobre las operaciones de 2028.










