El 28 de mayo de 2025, el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 366/2025 (el “Decreto”), modificó las siguientes leyes: N.º 346 (Ley de Ciudadanía), 24.521 (Ley de Educación Superior), 25.871 (Ley de Migraciones) y 26.206 (Ley de Educación Nacional).
Entre las principales reformas, se establecen controles más estrictos para los extranjeros que deseen ingresar al país o que ya se encuentren en territorio argentino, incorporando como sanciones la prohibición de ingreso, la retención y la expulsión efectiva. Asimismo, se incorpora una nueva vía para la obtención de la ciudadanía argentina a través de la inversión.
Controles más estrictos para el ingreso y permanencia
– Los extranjeros serán admitidos en la República Argentina bajo dos categorías principales:
Residentes permanentes: todo extranjero que obtenga admisión de la Dirección Nacional de Migraciones (“DNM”) con el propósito de establecerse definitivamente en el país. Los requisitos para ingresar con residencia permanente son los siguientes: acreditar medios económicos suficientes para subsistir en el país y no contar con antecedentes penales que puedan motivar el rechazo de la solicitud. Además, se considerará la reunificación del grupo familiar como una causa válida para la obtención de la residencia permanente;
– Residentes temporarios y residentes transitorios.
El cambio de categoría en la que sea admitido un extranjero podría cambiarse en caso de que la DNM determine su viabilidad.
El decreto establece los siguientes impedimentos al ingreso y/o permanencia en territorio nacional:
– Falsificación, omisión, simulación o fraude en la presentación de la documentación nacional o extranjera;
– Prohibición expresa de ingreso mientras dure el plazo de esa medida;
– Tener una condena o antecedentes penales en la República Argentina o en el extranjero cuya pena sea igual o mayor a tres años de prisión;
– Haber sido sorprendido en delito flagrante;
– Haber participado o incurrido en actos que constituyan genocidio, crímenes de guerra, terrorismo, delitos de lesa humanidad o cualquier otro acto susceptible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional;
– Haber participado o incurrido en actividades terroristas, actividades que propicien la violencia o ideas contrarias al sistema democrático o pertenecer o haber pertenecido a organizaciones internacionalmente reconocidas como imputadas de acciones susceptibles de ser juzgadas por el Tribunal Penal Internacional o por la Ley 23.077;
– Haber sido condenado en Argentina o en el exterior por la promoción o facilitación con fines de lucro del ingreso, permanencia o egreso de inmigración ilegal en territorio argentino;
– Haber ingresado o intentado ingresar en territorio argentino eludiendo controles migratorios;
– Desnaturalizar los motivos del ingreso o admisión al país;
– La extradición otorgada definitivamente;
– Incumplimiento de los requisitos de regularización migratoria.
Modificación en el acceso al sistema de educación universitario y en el acceso a los sistemas de salud
El decreto también establece la posibilidad de arancelar el acceso a niveles educativos superiores para los extranjeros que no cuenten con residencia permanente. En cuanto a la educación primaria y secundaria, seguirá siendo gratuita.
Respecto al acceso a los servicios médicos, a los extranjeros no residentes se les atenderá en contraprestación de un seguro de salud, aunque en casos de emergencia no se negará ni restringirá el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria.
Ciudadanía por Inversión
En cuanto a la obtención de la ciudadanía argentina, a través de la modificación de la Ley 346 mediante el Decreto, se crea la posibilidad de obtener la ciudadanía por inversión para aquellos que hayan realizado una inversión relevante en el país. Dicha relevancia será establecida y observada por el Ministerio de Economía.
Para diseñar, gestionar y controlar los programas de ciudadanía por inversión, se crea en el ámbito del Ministerio de Economía la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión.
El decreto entró en vigencia el 29 de mayo de 2025.
