El 16 de enero de 2025, se publicó el Decreto Nº 33/2025 (el “Decreto”), una medida destinada a renovar el sistema antidumping para mejorar la competitividad de los productos nacionales, proteger a los consumidores y fomentar condiciones más equitativas en el comercio internacional.
Con la nueva normativa, la duración máxima de las medidas antidumping se reduce de 5 años con renovaciones ilimitadas a un plazo máximo de 3 años, permitiendo sólo una extensión adicional de 2 años. Asimismo, las investigaciones previas a la aplicación de estas medidas tendrán un plazo máximo de 8 meses, en lugar de los 12 meses estipulados anteriormente.
En cuanto a la administración del sistema, todas las gestiones relacionadas con antidumping serán centralizadas en la Comisión Nacional de Comercio Exterior (“CNCE”), lo que elimina la intervención de múltiples organismos y simplifica los procedimientos. Además, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor participarán en los análisis para garantizar un enfoque que contemple tanto el interés público como el impacto en los consumidores.
La normativa también otorga al Ministerio de Economía la facultad de suspender, de forma excepcional y transitoria, la aplicación de medidas antidumping, compensatorias o de salvaguardia vigentes, por razones vinculadas a la política comercial exterior o al interés público, sin que esta suspensión altere la duración original de las medidas.
Por último, el Decreto incorpora un capítulo específico sobre salvaguardias, definidas como medidas de emergencia destinadas a proteger a la industria nacional frente a aumentos inesperados de importaciones que puedan generar daños graves. Estas medidas incluyen el incremento de aranceles, contingentes arancelarios o restricciones cuantitativas, con una duración máxima de 4 años, prorrogables por un período igual si se justifica su necesidad.
Este Decreto entró en vigencia el día 16 de enero de 2025.
