Nueva Resolución General de la Inspección General de Justicia

El día 5 de septiembre, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 19/2024 (la “Resolución”) de la Inspección General de Justicia (“IGJ”). Donde se dispone la reglamentación aplicable a las llamadas Sucursales Dedicadas dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (“RIGI”), conforme a lo establecido en la Ley N.º 27.742, en particular en su artículo 170.

La Resolución establece los procedimientos y condiciones necesarias para inscribir estas Sucursales Dedicadas o Especiales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos requisitos varían dependiendo de si se trata de sucursales de sociedades anónimas, incluyendo las sociedades anónimas unipersonales, sociedades de responsabilidad limitada, o sucursales de sociedades extranjeras registradas bajo el artículo 118, tercer párrafo, de la Ley N.º 19.550 y sus modificaciones, que decidan acogerse al RIGI.

En términos generales, las entidades que deseen abrir estas sucursales deben inscribirse ante la IGJ. Entre los requisitos se encuentran la presentación de la resolución tomada por el órgano societario correspondiente, la designación de un representante con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y un informe contable sobre los bienes comprometidos al capital de la sucursal.

Además, se señala que, en el caso de sucursales ubicadas en otras jurisdicciones provinciales, será obligatorio presentar un documento que certifique la vigencia de la matrícula social en el Registro Público pertinente, o bien un dictamen profesional que verifique este requisito.

La Resolución también regula la inscripción de modificaciones en el documento de constitución de las sucursales, así como la posibilidad de cancelar dicha inscripción una vez completado el proyecto de inversión o si se toma la decisión de no continuarlo. Asimismo, se invita a los Registros Públicos de otras jurisdicciones a adoptar procedimientos similares con el fin de facilitar la implementación del RIGI en todo el territorio nacional.

Esta normativa entró en vigor el día 6 de septiembre de 2024.

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