El 1 de octubre de 2024, el poder ejecutivo a través del Decreto 873/2024 (el “Decreto”), establece la privatización de Aerolíneas Argentinas S.A., basándose en las leyes 23.696, 26.412, 26.466 y 27.742, y en decretos previos como el 70/2023 y 599/2024.
El decreto menciona la necesidad de privatizar la empresa debido a su ineficiencia económica y la carga financiera que representa para el Estado. Desde su estatización en 2008, la compañía ha generado pérdidas millonarias, compensadas con fondos del Tesoro Nacional que ascienden a USD 8.000 millones. Además, se menciona un exceso de empleados y beneficios desmedidos para los trabajadores, en particular los pilotos.
El contexto económico actual del país, marcado por alta pobreza y un déficit fiscal elevado, refuerza la urgencia de racionalizar los recursos del Estado. La privatización de Aerolíneas Argentinas busca que la empresa opere bajo criterios de eficiencia comercial, eliminando su déficit crónico y reduciendo la carga fiscal sobre la población.
El decreto remite el proceso de privatización a los procedimientos establecidos en la Ley 23.696, permitiendo diversas modalidades de venta o concesión de activos, acciones o derechos de la empresa. El objetivo es mejorar el servicio aerocomercial, fomentar la competitividad y garantizar que la empresa funcione en condiciones de mercado, sin comprometer la soberanía nacional.
El decreto entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial, y será elevado al Congreso para su aprobación, como lo establece la Ley 23.696.
