El pasado 16 de junio de 2014 la Corte Suprema de los Estados Unidos (de aquí en más la “Corte Suprema”) decidió expedirse sobre las dos causas judiciales que se encuentran en curso entre la Argentina y los llamados “fondos buitre” o “holdouts”, siendo que rechazó el writ of certiorari interpuesto por el Estado Latinoamericano a los fines de revisar la segunda sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en agosto de 2013. Sin embargo, la Corte Suprema aceptó revisar la solicitud de información bancaria de la República Argentina por parte de los demandantes abarcada en un juicio paralelo entre el la Argentina y los fondos litigantes (al cual denominaremos “caso discovery”).
Los llamados “holdouts” o “fondos buitres” son titulares de bonos emitidos por el Estado Argentino que al momento de ser adquiridos en la crisis del 2001 poseían un bajo valor el cual, a medida que el país mejoraba su situación financiera, fueron acrecentando su cotización y dicho grupo comenzó el reclamo judicial pertinente por el respectivo pago de la deuda. Sin embargo, el país deudor logró acordar con el resto de sus acreedores la reestructuración de la deuda en el año 2005, repitiéndose en el año 2010. Mediante dicho acuerdo, la Argentina logró se cubriera el noventa y dos por ciento (92 %) de lo adeudado a los titulares de bonos pertinentes. En relación a los inversores que rechazaron dicho reajuste, en noviembre de 2012 el juez norteamericano Thomas Griesa falló a favor de los fondos litigantes (NML Capital, Aurelius Capital, Blue Angel y otros bonistas), declarando que la Argentina había violado la cláusula “pari passu” (la cual explicaremos seguidamente) contenida en los bonos correspondientes, debiendo abonar la suma de mil trescientos treinta millones de dólares (U$S 1.330.000.000) a la contraparte.
Dicha resolución del Juez Griesa fue apelada ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York (“Corte de Apelaciones”) el 26 de octubre de 2012, la cual confirmó la sentencia de primera instancia. El 23 de agosto de 2014 hubo una segunda resolución por parte de la Corte de Apelaciones por la que Argentina interpuso el recurso “writ of certiorari” (es una variante del recurso extraordinario en la justicia estadounidense, el cual se interpone para que la Corte Suprema pueda discrecionalmente decidir si trata o no un caso, no siendo necesario el cumplimiento de requisitos formales para acceder a su revisión por dicha instancia como si sería el caso de la interposición por vía reglada del denominado “writ of error”) a los fines de lograr que la Corte Suprema se expida sobre el asunto. También se solicitó la revisión de la Corte Suprema acerca de otras cuestiones que surgieron paralelamente al fallo del año 2012. A continuación se expone lo resuelto por dicho tribunal:
- Decisión de la Corte Suprema respecto del caso de la cláusula pari passu: Se trata aquí de la sentencia del 23 de agosto de 2013 donde se abordó la interpretación de la cláusula llamada “pari passu”, incluida en los bonos en litigio. Dicha cláusula implicaba la obligación de Argentina de asegurar un trato igualitario entre todos los bonistas, hubieren aceptado un canje de deuda o no. Así, ninguno de los que aceptaron puede recibir un pago sin que aquellos que lo rechazaron también lo hicieran. En su fallo, la Cámara de Apelaciones confirmó la decisión del juez Griesa que determinó cómo debía operar la fórmula de pago proporcional de acuerdo con la cláusula correspondiente, siendo que las resoluciones judiciales dictadas eran obligatorias para aquellas entidades bancarias que participaban en el pago de bonos canjeados. La Corte Suprema optó por rechazar el pedido del la Argentina de revisar la sentencia de la instancia anterior.
Ahora bien, hasta que la Corte Suprema no decidiera si iba a aceptar o denegar el writ of certiorari, la Corte de Apelaciones había estipulado que el cumplimiento de lo contenido en la cláusula “pari passu” había quedado en suspenso (es el llamado “stay”). En consecuencia, Argentina prosiguió con los pagos a los bonistas que habían aceptado la restructuración de sus deudas en 2005 y 2010 según los vencimientos establecidos. La decisión negativa tomada por la Corte Suprema implicó el levantamiento del stay, debiéndose implementar la fórmula de pago proporcional establecida con anterioridad por la justicia norteamericana, tornándose exigible la sentencia del juez Griesa.
- Decisión de la Corte Suprema respecto del “caso discovery”: En otro caso donde se encontraban involucradas las partes, la República Argentina también había solicitado la revisión de la Corte Suprema mediante un writ of certiorari, el cual fue aceptado por el tribunal. En el caso correspondiente, lo que los actores pretendían era obtener información acerca de los activos y transacciones financieras extraterritoriales de la Argentina (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) mediante un recurso procesal probatorio conocido como “discovery”, lo cual implicaba la solicitud de informes al “Banco de la Nación Argentina (Sucursal Nueva York)” y al “Bank of America”. El objetivo que se perseguía con dicha petición era lograr la ejecución de las sentencias a favor de los holdouts litigantes, siendo factible el cobro de sus créditos. Habiéndose fallado en primera y segunda instancia a favor de estos últimos, la Argentina interpuso el recurso correspondiente planteando que la Ley de Inmunidad Soberana (“LIS”) imposibilitaba el alcance de dicho requerimiento.
El voto mayoritario de la Corte Suprema sentenció que el pedido de la parte actora no vulneraba lo estipulado por la LIS, permitiendo a los demandantes solicitar a los respectivos bancos la correspondiente información. La única que votó en disidencia fue la Jueza Ginsburg, quien consideró excesiva la investigación sobre la totalidad de los activos que la República Argentina posee alrededor del mundo. Según su postura, como la información solicitada era acerca de un deudor soberano, la información debería restringirse a la propiedad usada dentro o fuera de los Estados Unidos siempre que se relacionara con la actividad comercial y los demandantes acreditasen que, en el caso de mediar otras naciones involucradas, fuese legalmente posible el acceso ilimitado a los activos de la Argentina, debiendo a su vez ser factible que se ejecute una sentencia de la Corte Suprema contra el deudor soberano en dicho territorio.
Posteriormente a estas manifestaciones, la República Argentina solicitó se restableciera el stay que había quedado sin efecto con el rechazo del writ of certiorari por la Corte Suprema. El fundamento esgrimido por dicho país era lograr el cumplimiento del pago de intereses de los bonos canjeados, cuyo vencimiento estaba establecido para el 30 de junio pasado, en virtud de la cláusula “Rights Upon Future Offers” (“RUFO”). Según la cláusula RUFO si el Estado Argentino mejorase las condiciones propuestas a cualquiera de los bonistas que no ingresaron en los canjes de 2005 y 2010, tiene la obligación de hacer lo mismo respecto de los restantes que si aceptaron la reestructuración de sus deudas. El interés que tiene la Argentina de pagarle a estos últimos bonistas es que, si cumple con el pago adeudado a los holdouts antes del vencimiento de la cláusula RUFO del 31 de diciembre del 2014, podrían iniciar causas judiciales en otras jurisdicciones para hacer valer la cláusula RUFO, asegurándose el trato igualitario con los litigantes pero destruyéndose una restructuración exitosa del 93% de su deuda correspondiente. Cabe destacar que hasta el vencimiento de la cláusula RUFO, la Argentina tampoco puede modificar la jurisdicción del pago de los bonos. Si bien intentó llevar adelante tal emprendimiento, Thomas Griesa se lo prohibió mediante una resolución del 20 de junio de 2014. En cuanto a la solicitud de la República Argentina de restablecer el stay, la misma fue denegada provocando la prórroga del plazo para abonar la cuota de intereses y/o capital a los bonos reestructurados al 30 de julio de 2014. A partir de dicho vencimiento, si la Argentina no paga a sus acreedores participantes de los canjes de 2005 y 2010 incurriría en un estado de cesación de pagos.
Actualmente las partes en conflicto se encuentran tramitando las negociaciones pertinentes a los fines de lograr un acuerdo. El mediador designado por el juez Griesa el 23 de junio pasado, Daniel Pollack, ya se ha reunido en dos oportunidades en el corriente mes de julio con los demandantes y los representantes del Estado Argentino sin lograr un diálogo constructivo en pos de evitar que la Argentina caiga en default. Mientras tanto, las especulaciones de qué pasará con la economía del país sudamericano son sobreabundantes. Lo cierto es que en el día de hoy, faltando menos de veinticuatro (24) horas para que la Argentina entre en un posible default técnico, los representantes de las partes ya se encuentran reunidos con Daniel Pollack, quien intentará nuevamente acercar sus posiciones. La República Argentina sigue insistiendo con la reposición del stay que suspende el fallo de Thomas Griesa para evitar que el país entre en estado de cesación de pagos a partir de mañana 30 de julio de 2014. El Dr. Pollack ha dicho que la situación es complicada y no cree dijo sea posible una negociación directa entre los representantes de los holdouts ante la postura negativa de la delegación oficial. Mientras tanto, el Juez Griesa aceptó que el Banco Citi realizara el pago a intereses de bonos argentinos emitidos bajo legislación del país por única vez.
