En enero de este año el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, firmaron convenios para traspasar competencias nacionales al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta medida tiene como objetivo avanzar en el proceso de autonomía de la Capital Federal tras la reforma constitucional de 1994.
Uno de los convenios dispone la transferencia progresiva de facultades y funciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) en todas las materias no federales o de interés nacional, para ser ejercidas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por el Organismo del Registro Público.
En este sentido, el Estado Nacional transfiere a la Ciudad las “funciones, competencias, órganos, entes, personal, servicios y bienes, tanto materiales (muebles e inmuebles) como inmateriales (sistemas informáticos, de seguimiento y/o de comunicación), convenios y contratos en ejecución con los que cuente y utilice la IGJ para el desempeño de funciones y competencias en todas las materias no federales o de interés nacional”.
Cabe destacar que se creó una comisión especial integrada por 11 legisladores que tendrá por objeto el tratamiento, seguimiento y análisis integral de las cuestiones relacionadas al Convenio entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de transferencia en todas las materias no federales, específicamente aquellas que conciernen a la transferencia de los trabajadores de la IGJ.
El 6 de abril de 2017 la Legislatura porteña aprobó los convenios suscriptos entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el traspaso de la Inspección General de Justicia. Deberá ratificarlos el Congreso Nacional.
