El 21 de diciembre de 2011, el Congreso de la Naci\u00f3n sancion\u00f3 la ley 26.739 que extiende hasta el 31 de diciembre de 2013 la vigencia de las normas que declaran la emergencia en materia social, econ\u00f3mica, administrativa, financiera, cambiaria, de contratos regidos por normas de derecho p\u00fablico, ocupacional, alimentaria y sanitaria. Este conjunto de normas, sancionado a partir de enero de 2002, ha venido siendo objeto de sucesivas pr\u00f3rrogas desde 2003. La \u00faltima de ellas hab\u00eda sido dispuesta en 2009, por la Ley N\u00ba 26.563, hasta el 31 de diciembre de 2011.<\/p>\n
La situaci\u00f3n de emergencia en la materia social, econ\u00f3mica, administrativa, financiera y cambiaria fue declarada por el art\u00edculo 1 de la Ley de Emergencia P\u00fablica N\u00ba 25.561 del a\u00f1o 2002 (\u201cLEP\u201d). Dicha ley facult\u00f3 al Poder Ejecutivo Nacional a establecer el sistema que determine la relaci\u00f3n de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, y a dictar regulaciones cambiarias. Asimismo, facult\u00f3 al Poder Ejecutivo Nacional para reestructurar las obligaciones en curso de ejecuci\u00f3n afectadas por la modificaci\u00f3n del tipo de cambio y, en relaci\u00f3n con las medidas que fueran adoptadas respecto de las obligaciones vinculadas al sistema financiero, disponer compensaciones a los bancos. A este \u00faltimo efecto, la LEP autoriz\u00f3 al Poder Ejecutivo Nacional a emitir t\u00edtulos que ser\u00edan garantizados con derechos de exportaci\u00f3n a aplicarse sobre los hidrocarburos. La LEP tambi\u00e9n facult\u00f3 al Poder Ejecutivo Nacional a regular transitoriamente los precios de insumos, bienes y servicios cr\u00edticos, a fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores de la eventual distorsi\u00f3n de los mercados o de acciones de naturaleza monop\u00f3lica u oligop\u00f3lica.<\/p>\n
En cuanto a la emergencia en los contratos regidos por normas de derecho p\u00fablico, la LEP dispuso la conversi\u00f3n a pesos de los precios y tarifas establecidos en los contratos celebrados por la Administraci\u00f3n P\u00fablica Nacional bajo normas de derecho p\u00fablico, y dej\u00f3 sin efecto las cl\u00e1usulas de ajuste en divisas extranjeras y las cl\u00e1usulas indexatorias, autoriz\u00e1ndose al Poder Ejecutivo Nacional a renegociar esos contratos. En 2003, la Ley N\u00ba 25.790 extendi\u00f3 el plazo para llevar adelante esa renegociaci\u00f3n y estableci\u00f3 que podr\u00eda abarcar a determinados sectores de servicios p\u00fablicos o determinadas contrataciones en particular. Tambi\u00e9n se dispuso que las nuevas negociaciones podr\u00edan abarcar aspectos parciales de los contratos de concesi\u00f3n o licencia, contemplar f\u00f3rmulas de adecuaci\u00f3n contractual o enmiendas transitorias del contrato, as\u00ed como revisiones peri\u00f3dicas pautadas o la adecuaci\u00f3n de los par\u00e1metros de calidad.<\/p>\n
La emergencia alimentaria nacional fue declarada inicialmente por el Decreto N\u00ba 108\/2002 a trav\u00e9s de la cual se dispuso que se asignen partidas del presupuesto nacional a la compra de alimentos para la atenci\u00f3n de necesidades b\u00e1sicas de la poblaci\u00f3n de alta vulnerabilidad, las que ser\u00e1n distribuidas entre las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, los Decretos N\u00ba 165\/2002 y N\u00ba 565\/2002 declararon la emergencia ocupacional, cre\u00e1ndose un programa de asistencia econ\u00f3mica para los sectores carenciados de la poblaci\u00f3n. Por \u00faltimo, en el \u00e1rea sanitaria la emergencia fue declarada a trav\u00e9s del Decreto N\u00ba 486\/2002, el cual establece que la emergencia es necesaria para garantizar a la poblaci\u00f3n el acceso a los bienes y servicios b\u00e1sicos para la conservaci\u00f3n de la salud. Esta norma faculta al Ministerio de Salud a establecer mecanismos de monitoreo de precios de insumos y medicamentos del sector salud, y de alternativas de importaci\u00f3n directa frente a posibles alzas injustificadas de precio.<\/p>\n
Al momento de dictarse la Ley de Emergencia P\u00fablica, la Argentina se encontraba atravesando una de las peores crisis de su historia en materia pol\u00edtica, econ\u00f3mica y social. La declaraci\u00f3n de la emergencia y la delegaci\u00f3n de facultades al Poder Ejecutivo Nacional, dispuestas por la LEP y por las dem\u00e1s normas rese\u00f1adas, tuvieron por finalidad dar respuesta a esa situaci\u00f3n excepcional y extraordinaria. Diez a\u00f1os despu\u00e9s, se reconoce que la situaci\u00f3n del pa\u00eds ha mejorado, pero el Poder Ejecutivo Nacional justifica la pr\u00f3rroga sobre la base de la existencia de una crisis internacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"