El 30 de abril de 2013 se public\u00f3 en el Bolet\u00edn Oficial la nueva Ley 26.854 (la \u201cLey\u201d) que regula la aplicaci\u00f3n de medidas cautelares en aquellas causas en que es parte o interviene el Estado Nacional o alguno de sus entes descentralizados (el \u201cEstado Nacional\u201d).<\/p>\n
La Ley establece los siguientes requisitos de procedencia que el peticionante deber\u00e1 indicar de manera clara y precisa al momento de solicitar una medida cautelar en contra del Estado Nacional, a saber: (i) indicar el perjuicio que se procura evitar; (ii) la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n estatal que lo produce; (iii) el derecho o inter\u00e9s jur\u00eddico que se pretende garantizar; (iv) el tipo de medida que se pide; y (v) el cumplimiento de los requisitos que correspondan, en particular, a la medida requerida.<\/p>\n
Asimismo, la Ley dictamina que previo a resolver la medida cautelar solicitada, el Juez deber\u00e1 requerir un informe previo a la autoridad p\u00fablica demandada que de cuenta del inter\u00e9s p\u00fablico comprometido por la solicitud.<\/p>\n
En segundo lugar, la Ley ordena que las medidas cautelares contra al Estado tengan un limite de vigencia razonable. Por lo cual, la medida no podr\u00e1 superar los seis (6) meses en los procesos ordinarios, ni los tres (3) meses en los procesos sumar\u00edsimos y de juicios de amparo. No obstante, en aquellos casos en que el t\u00e9rmino fijado para la medida haya vencido, a petici\u00f3n de parte, y previa valoraci\u00f3n del inter\u00e9s p\u00fablico comprometido en el proceso, el tribunal podr\u00e1 prorrogarla por un plazo determinado no mayor de seis (6) meses. Por otra parte cuando se encuentre pendiente el agotamiento de la v\u00eda administrativa previa, el l\u00edmite de vigencia de la medida cautelar se extender\u00e1 hasta la notificaci\u00f3n del acto administrativo que la agotase.<\/p>\n
Consecuentemente, la Ley establece que los jueces no podr\u00e1n dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado. Asimismo, los jueces tampoco podr\u00e1n imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias.<\/p>\n
En este orden de ideas, la Ley impone otorgar la correspondiente contracautela a aquellos interesados en trabar una medida cautelar. La misma podr\u00e1 consistir en una cauci\u00f3n real o personal. La cauci\u00f3n juratoria solo ser\u00e1 admisible cuando se trate de sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso, se encuentre comprometida la vida digna conforme la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria o ambiental.<\/p>\n
En tercer lugar, La Ley establece los tipos de medidas cautelares que podr\u00e1n solicitarse:<\/p>\n
1) Medidas de suspensi\u00f3n de los efectos de actos estatales, acreditando los perjuicios que ocasionar\u00e1 el acto en cuesti\u00f3n, la verosimilitud del derecho invocado, la verosimilitud de la ilegitimidad, la no afectaci\u00f3n del inter\u00e9s p\u00fablico y asimismo, que la suspensi\u00f3n de los efectos no produce efectos jur\u00eddicos o materiales irreversibles.<\/p>\n
2) Medidas positivas, cuyo objeto implique imponer la realizaci\u00f3n de una determinada conducta a la entidad p\u00fablica demandada.<\/p>\n
3) Medidas de no innovar, que impongan al \u00f3rgano administrativo el deber de abstenerse de realizar una determinada conducta.<\/p>\n
Finalmente, el Estado Nacional y sus entes descentralizados podr\u00e1n solicitar la aplicaci\u00f3n de medidas cautelares en cualquier clase de proceso. Para que esto ocurra deber\u00e1n concurrir las siguientes circunstancias: (1) que exista un riesgo cierto e inminente de sufrir perjuicios sobre el inter\u00e9s p\u00fablico, el patrimonio estatal u otros derechos de su titularidad, (2) que exista verosimilitud del derecho invocado y de la ilegitimidad alegada y (3) idoneidad y necesidad en relaci\u00f3n con el objeto de la pretensi\u00f3n principal. Cabe decir que ni al Estado Nacional ni a sus entes descentralizados les ser\u00e1 exigible una contracautela.<\/p>\n
La Ley entr\u00f3 en vigencia a partir del 13 de mayo de 2013.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"