El Decreto N\u00ba 274\/2012 (el \u201cDecreto\u201d) aprob\u00f3 la reglamentaci\u00f3n de la ley N\u00ba 26.737 del R\u00e9gimen de Protecci\u00f3n al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesi\u00f3n o Tenencia de Tierras Rurales (la \u201cLey\u201d), que limit\u00f3 la venta de tierras a extranjeros al 15% sobre el territorio nacional de tierras rurales. El Decreto fue publicado en el Bolet\u00edn Oficial el 29 de febrero de 2012.<\/p>\n
El Decreto establece que ser\u00e1n consideradas tierras rurales aquellas que surjan de detraer a la totalidad del territorio provincial la superficie correspondiente a los ejidos urbanos determinados a partir de las constituciones, decretos o leyes provinciales, cartas org\u00e1nicas u ordenanzas municipales.<\/p>\n
El Decreto establece que dentro de los sesenta (60) d\u00edas posteriores a su aprobaci\u00f3n, las provincias argentinas deber\u00e1n comunicar al Registro Nacional de Tierras Rurales (la \u201cAutoridad de Aplicaci\u00f3n\u201d) la superficie total de cada una de las provincias discriminando las correspondientes tierras rurales y urbanas.<\/p>\n
Adem\u00e1s, las provincias deber\u00e1n informar la totalidad de predios rurales de titularidad de personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas extranjeras, seg\u00fan surja de los organismos provinciales competentes. Los predios deber\u00e1n ser ordenados por departamento, municipio o divisi\u00f3n pol\u00edtica equivalente. En caso de no contar con esa informaci\u00f3n, las provincias deber\u00e1n remitir el \u00edndice completo de titulares de dominio y de poseedores obrantes en sus \u00f3rganos competentes. Las provincias tambi\u00e9n deber\u00e1n informar la n\u00f3mina completa de sociedades extranjeras o con participaci\u00f3n extranjera inscriptas en su jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n
La autoridad de cada gobierno local deber\u00e1 informar a la Autoridad de Aplicaci\u00f3n cualquier cambio en la zonificaci\u00f3n que signifique una modificaci\u00f3n en la superficie de tierras rurales correspondientes a esa jurisdicci\u00f3n, dentro de los diez (10) d\u00edas de acontecido el cambio relevante.<\/p>\n
El art\u00edculo 3 de la Ley establece el deber de informar las modificaciones en las participaciones sociales para personas jur\u00eddicas en las que el capital social se encuentre en manos de personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas extranjeras en una proporci\u00f3n superior al cincuenta y uno por ciento (51%). La obligaci\u00f3n descripta estar\u00e1 en cabeza del \u00f3rgano de administraci\u00f3n de la entidad.<\/p>\n
El Decreto establece que la Autoridad de Aplicaci\u00f3n dispondr\u00e1 la apertura del procedimiento administrativo para investigar posibles infracciones a la Ley. La decisi\u00f3n de abrir el procedimiento ser\u00e1 comunicada al infractor, quien deber\u00e1 ofrecer prueba en el plazo de diez (10) d\u00edas h\u00e1biles de notificado. Producida la prueba, el Director Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales aplicar\u00e1 la sanci\u00f3n que estime correspondiente. Las sanciones previstas por el Decreto son: apercibimiento, multa, e inhabilitaci\u00f3n especial de seis (6) meses a dos (2) a\u00f1os.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"