El 22 de diciembre de 2011 el Congreso Nacional sancion\u00f3 la Ley N\u00ba 26.737 R\u00e9gimen de Protecci\u00f3n al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesi\u00f3n o Tenencia de las Tierras Rurales (en adelante, la \u201cLey\u201d) destinada a limitar la venta de tierras a extranjeros.<\/p>\n
En primer lugar, destacamos que la Ley obliga a los propietarios de tierras que invistan la condici\u00f3n de extranjeros, sean personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas, a denunciar dicha titularidad ante la Autoridad de Aplicaci\u00f3n dentro de los ciento ochenta (180) d\u00edas de la entrada en vigencia de la ley.<\/p>\n
La principal cuesti\u00f3n introducida por la Ley es establecer un l\u00edmite de un quince por ciento (15%) a la titularidad de tierras rurales en el territorio nacional por parte de extranjeros. Dicho porcentual se computar\u00e1 tambi\u00e9n sobre el territorio de la provincia, municipio, o entidad administrativa equivalente. Se entiende por titularidad extranjera toda adquisici\u00f3n, trasferencia, y cesi\u00f3n de derechos a favor de, entre otras:<\/p>\n
(i)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Personas f\u00edsicas de nacionalidad extranjera.<\/p>\n
(ii)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Personas jur\u00eddicas, locales o extranjeras, cuyo capital social sea de titularidad de personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas de nacionalidad extranjera, en proporci\u00f3n superior al cincuenta y uno por ciento (51%), o en proporci\u00f3n necesaria para formar la voluntad social mayoritaria independientemente del porcentaje accionario.<\/p>\n
(iii)\u00a0\u00a0 Personas jur\u00eddicas vinculadas o controladas por una sociedad o cooperativa extranjera, en un porcentaje mayor al veinticinco por ciento (25%), o tengan los votos necesarios para formar la voluntad social mayoritaria independientemente del porcentaje accionario.<\/p>\n
(iv)\u00a0\u00a0 Personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas extranjeras que, sin acreditar formalmente calidad de socios, act\u00faan en una sociedad como si lo fueran.<\/p>\n
(v)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sociedades que hayan emitido obligaciones negociables o debentures, y que esto le permita a su tenedor aumentar su tenencia accionaria en un porcentaje mayor al veinticinco por ciento (25%), y se trate de personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas extranjeras.<\/p>\n
(vi)\u00a0\u00a0 Las personas jur\u00eddicas de derecho p\u00fablico extranjero.<\/p>\n
Quedan exceptuadas de la aplicaci\u00f3n de la Ley las siguientes personas f\u00edsicas de nacionalidad extranjera:<\/p>\n
(i)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Aquellas que cuenten con diez (10) a\u00f1os de residencia continua, permanente y comprobada en el pa\u00eds.<\/p>\n
(ii)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Los que tengan hijos argentinos y demuestren una residencia permanente y continua de cinco (5) a\u00f1os.<\/p>\n
(iii)\u00a0\u00a0 Los unidos en matrimonio con un ciudadano\/a argentino\/a con cinco (5) a\u00f1os de anterioridad a la transmisi\u00f3n de los derechos pertinentes y demuestre residencia continua y permanente.<\/p>\n
La Ley establece que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podr\u00e1n superar las mil hect\u00e1reas (1.000 has.) en la zona n\u00facleo, o superficie equivalente, seg\u00fan la ubicaci\u00f3n territorial.<\/p>\n
Esta superficie equivalente ser\u00e1 determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales seg\u00fan la localizaci\u00f3n de las tierras y su proporci\u00f3n respecto del resto del municipio, departamento, y provincia que integren, y la capacidad y calidad de las tierras para su explotaci\u00f3n.<\/p>\n
Adicionalmente, se proh\u00edbe que personas extranjeras sean titulares de inmuebles que contengan o sean ribere\u00f1os de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.<\/p>\n
La Ley obliga a los propietarios de tierras que invistan la condici\u00f3n de extranjeros, sean personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas, a denunciar dicha titularidad ante la Autoridad de Aplicaci\u00f3n dentro de los ciento ochenta (180) d\u00edas de la entrada en vigencia de la ley.<\/p>\n
Se establece la creaci\u00f3n de un Registro Nacional de Tierras Rurales en el \u00e1mbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Algunas de sus funciones espec\u00edficas son:<\/p>\n
(i)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Expedir certificados de habilitaci\u00f3n de todo acto por el cual se transfieran derechos de propiedad sobre tierras rurales en los supuestos comprendidos por la Ley.<\/p>\n
(ii)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Controlar el cumplimiento de la Ley con legitimaci\u00f3n para actuar en sede administrativa o judicial.<\/p>\n
El Proyecto de Ley dispone la realizaci\u00f3n de un relevamiento catastral y dominial sobre las tierras rurales a realizarse dentro de los ciento ochenta (180) d\u00edas de la creaci\u00f3n del Registro Nacional de Tierras Rurales.<\/p>\n
La Ley aclara expresamente que no afecta derechos ya adquiridos, y establece una cl\u00e1usula transitoria que dispone que toda adquisici\u00f3n, transferencia o cesi\u00f3n de derechos que se realicen entre la entrada en vigencia de la ley y su reglamentaci\u00f3n por el Poder Ejecutivo Nacional queda alcanzado por la Ley.<\/p>\n
La Ley fue promulgada el 27 de diciembre de 2011.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"