El 4 de septiembre se public\u00f3 el Decreto 868\/2026, que reglamenta el r\u00e9gimen sancionatorio de la Ley 26.659 (modificada por la Ley 26.915) y da un paso m\u00e1s: sin declaraci\u00f3n jurada de cumplimiento, no hay RIGI ni permisos bajo la Ley de Hidrocarburos 17.319. Vigente desde el 5 de septiembre.<\/p>\n\n\n\n
Lo que ya prohib\u00eda la Ley:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Explorar, buscar o transportar hidrocarburos en el mar argentino sin permiso de autoridad competente, con foco en el \u00e1rea de las Islas Malvinas. La responsabilidad no solo abarca a la petrolera si no que alcanza a toda empresa o persona que le preste apoyo financiero, log\u00edstico, comercial o t\u00e9cnico. Las sanciones incluyen penas, multas e inhabilitaci\u00f3n para operar en el pa\u00eds por 5 a 20 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n Lo que cambia con el Decreto:<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u00bfPor qu\u00e9 es importante?<\/strong><\/p>\n\n\n\n La Ley existe desde 2011, pero hasta ahora carec\u00eda de un procedimiento propio, el Decreto le da operatividad y los ubica en la puerta de entrada de los dos reg\u00edmenes m\u00e1s relevantes para el sector. El riesgo se traslada a la cadena de valor: financistas, proveedores, transportistas y socios comerciales pueden quedar alcanzados por una relaci\u00f3n con un operador no autorizado, aun sin haber tocado un pozo. Y una declaraci\u00f3n jurada inexacta compromete al VPU y a sus accionistas.<\/p>\n\n\n\n\n